La lectura de las veinte páginas que contienen la Directiva P6_TA-PROV(200) 0293, Procedimientos y normas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, aprobada el pasado 18 de junio de 2008 por el Parlamento Europeo, produce una profunda perplejidad. No tanto por el uso y abuso de tecnicismos jurídicos para darle apariencia de legalidad, como por las graves violaciones que contiene del Derecho Internacional Público, tanto positivo (tratados), como consuetudinario (costumbre internacional) e imperativo (normas de ius cogens). Del Derecho Internacional imperativo –que, como su nombre indica, se impone obligatoriamente sobre cualquier otro Derecho–, se saltan la norma que subordina los derechos internos o regionales al Derecho Internacional.

El 18 de diciembre de 1990 se firmó en la ONU, en Nueva York, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Entre los motivos que su Preámbulo recoge para fundamentar la necesidad de esta Convención está “la importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que abarca a millones de personas y afecta a un gran número de Estados”, así como “la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares”.